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11 de marzo de 2002

Primero la gratitud. Es un privilegio poder participar de alguna forma en el rescate de la democracia venezolana. Y hacerlo entre tantos amigos queridos y respetados me proporciona una satisfacción muy especial. Mis vínculos con CEDICE y mi amistad con Rocío Guijarro y con otros entrañables amigos venezolanos duran ya unos cuantos años, y me parecía importante no faltar ahora a esta cita venezolana. Al fin y al cabo, como cubano siento una responsabilidad acuciante por cuanto ocurre en este país. A principios de la década de los 60, Venezuela abrió sus brazos a decenas de millares de exiliados, como mi fraterno Roberto Fontanillas, y éstos lograron reconstruir sus vidas y trenzarse para siempre con el país que generosamente los acogió. Este es el momento en el que acaso podemos devolver en alguna pequeña medida aquel viejo, largo y cálido abrazo.

Comienzo por una reflexión sobre la historia de los dos países. En 1958 Venezuela puso fin a una década de dictadura militar, mientras Cuba, al siguiente año, logró una victoria parecida contra la tiranía de Batista. Los dos regímenes militares tenían mucho en común. Ambos eran producto de una vieja tradición autoritaria que después de la Segunda Guerra mundial se adaptó a las contingencias de la guerra fría. Y los dos sucumbieron frente a una fuerza política que poseía su mayor inspiración en movimientos de corte socialdemócrata. Es verdad que la aventura venezolana culminó en 40 años de democracia, y la cubana, por ahora, en 43 de totalitarismo comunista, pero lo que pretendo subrayar es el parentesco original de ambos procesos políticos.

La hipótesis que quiero examinar con ustedes esta noche consiste en que tanto lo sucedido en Venezuela con el advenimiento de Chávez hace ya tres años, o la llegada de Castro al poder hace varias décadas, son el resultado de las percepciones, creencias e informaciones distorsionadas que todos teníamos a mitad del siglo XX y que forjaron nuestra conciencia social. Luego intentaré proponer alguna razonable salida de este laberinto en el que no solo está metida Venezuela, sino toda América Latina, porque lo que aquí acontece es sólo una variante de cuanto sucede en Argentina, en el matadero colombiano y en la propia Cuba. No es un drama venezolano, sino latinoamericano.
La cultura revolucionaria-populista-mercantilista

A mediados del siglo pasado parecía obvio que el desarrollo y la prosperidad vendrían de la mano protectora y justa de un estado fuerte. Esa noción nos llegaba tanto desde el socialismo de derecha de personajes como y Getulio Vargas o Juan Domingo Perón, o desde la visión preconizada por los marxistas, ya fueran los duros camaradas prosoviéticos o la versión vegetariana de los socialdemócratas, siempre respetuosos de las libertades. La socialdemocracia de esa época, en efecto, había renunciado a la propuesta marxista de crear una dictadura del proletariado como parte del trayecto hacia una sociedad perfecta, pero, aunque no se señalaran fechas, el propósito era llegar a un fulgurante destino socialista por vías democráticas y pacíficas. Por aquellos años se habían debilitado tremendamente los viejos principios liberales que asignaban a la empresa privada el papel preponderante en el proceso de creación riquezas. Incluso, la noción de la propiedad privada como un derecho inalienable de las personas se había ido desvaneciendo ante la idea de que la función del estado no era tutelar y proteger los derechos de los individuos, sino los intereses de la colectividad. Más aún: ese estado fuerte se atribuía como esencia de sus responsabilidades la tarea de planificar la creación de riquezas y luego la justa distribución de lo creado entre los miembros de la tribu.

Recuerdo con nitidez cuando yo era un joven que sostenía esas creencias. La causa de la defensa de los derecho de propiedad me resultaba entonces algo poco noble, egoísta. Una causa que prácticamente nadie con un corazón solidario se atrevía a plantear. ¿No decía acaso la Iglesia, de una manera confusa, que la propiedad privada se justificaba en “función social”? Es verdad que esa expresión luego se completaba con el “principio de subsidiaridad” esbozado por la Doctrina Social de la Iglesia, ése que le asignaba al estado la responsabilidad de producir cuando y donde el capital privado no se animaba a hacerlo, pero lo que quedaba en la mente de los feligreses no era ese término de tan difícil pronunciación, subsidiaridad, sino la idea de que el Estado debía y podía convertirse en empresario. Esto era lo que leíamos en los periódicos, lo que nos decían en las cátedras universitarias, lo que repetían los políticos. Y ni siquiera los primeros meses de la revolución cubana, aún cuando ya estaba enfrentado a la dictadura comunista, consiguieron alterar en mí esta visión socialistoide que entonces padecía. Nunca he olvidado que mi primera charla política cuando llegué al exilio, a los 18 años, fue para defender la peregrina idea de que no había que temerle al estado-empresario, puesto que quienes opinaban que los gobiernos eran malos administradores lo hacían desde posiciones reaccionarias que ya no tenían vigencia en el mundo. Y lo asombroso no fue que yo dijera ese disparate en Miami en 1961, sino que el auditorio me aplaudiera con cierto entusiasmo.

Por supuesto, esta generalizada visión tenía poco de autóctona. Lo que entonces pensábamos, como frecuentemente nos ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, tenía su origen en el exterior. Después de la primera guerra mundial, y como consecuencia de la crisis de los años treinta, Lord Maynard Keynes había convencido a las principales cabezas económicas y políticas del planeta de la utilidad de valerse del gasto público para combatir el desempleo e impedir la desestabilización social que se genera durante los ciclos recesivos. Ante esa propuesta, los gobernantes vieron los cielos abiertos. Estaban legitimados para gastar más, lo que les confería más poder. La tesis consistía en que “un poco” de inflación generada por una “economía de la demanda” era más conveniente que la falta de puestos de trabajo. Llegado su devastador momento, ese “poco de inflación” destruyó las monedas de Brasil, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú y Ecuador y empobreció aún más a decenas de millones de latinoamericanos.

Por otra parte, comenzaron a surgir planteamientos desarrollistas que tenían su origen en una lectura probablemente equivocada de la historia económica. La idea básica consistía en que era necesaria la industrialización para poder conseguir niveles de prosperidad parecidos a los del primer mundo. Pero para ello resultaba necesario sustituir las importaciones con bienes nacionales. Mas para poder alcanzar ese desarrollo técnico había que proteger la industria local con aranceles altos hasta que estuviese en condiciones de competir. Además, como el capital privado disponible para dar ese gran salto no era suficiente, el Estado tenía que hacerse presente. La CEPAL le proporcionó a este análisis su respaldo teórico y los organismos internacionales le imprimieron su visto bueno. O sea, todos los caminos, insisto, conducían en la misma dirección: el fortalecimiento del estado en detrimento de la competencia, y en perjuicio de los derechos individuales y de propiedad.

Otra idea entonces presente entre nosotros era la llamada “teoría de la dependencia”, tomada de la interpretación que en el siglo pasado hizo Marx de las relaciones económicas entre Inglaterra y la India. Para el pensador alemán resultaba claro que Londres le había designado a la India un papel económico complementario. Como en los viejos pactos coloniales, la India sólo podía producir aquello que Inglaterra no producía, pues su destino era el de convertirse en suministrador de materia prima y en comprador de las exportaciones inglesas. De manera que nuestros teóricos antiimperialistas latinoamericanos no tuvieron que esforzarse demasiado para darles forma a sus planteamientos: los grandes círculos económicos del primer mundo habían determinado que América Latina sólo debía desempeñar el rol de territorio dependiente condenado a comprar del exterior los productos manufacturados que necesitara y a vender la materia prima que las naciones desarrolladas requerían para elaborar sus productos. Los nuestros no eran realmente países sino mercados cautivos.

¿Cómo corregir las infinitas imperfecciones de América latina y terminar con las injusticias seculares que nos oprimían? Para esa tarea existía un héroe mítico: el revolucionario. Entonces esa palabra se mencionaba con un tinte de orgullo. El revolucionario era el agente del cambio. Podía ser un comunista, un aprista, un adeco, un copeyano, un cubano “auténtico”, o un miembro del PRI mexicano. Podía ser un socialista chileno, un sandinista nicaragüense, un independentista puertorriqueño. Ser revolucionario en América Latina significaba sospechar de las intenciones de los empresarios, culpar a Estados Unidos de la mayor parte de nuestros males, querer la redención de los humildes y procurar el desarrollo económico de la sociedad y la independencia política frente a las potencias imperiales.

Pero lo interesante no es lo que querían los revolucionarios, sino el modo con que pensaban lograr sus objetivos. No se trataba de convencer al pueblo de las bondades de sus planes y concepciones políticas y económicas, sino de llegar al poder, ignorar las normas del derecho burgués y desde la cúpula dictar una serie de medidas que traerían la felicidad colectiva. Los revolucionarios tenían a mano un recetario perfecto para lograr sus buenos propósitos: reformas agrarias que redistribuían las tierras, nacionalizaciones de bienes y empresas “estratégicos”, y la creación de numerosos organismos estatales que planificarían y dirigirían la vida de las personas. Los revolucionarios se caracterizaban por saber lo que cada uno debía poseer, debía producir o debía gastar. Los revolucionarios eran asombrosamente sabios.

Obviamente, no existía ninguna razón válida que limitara la existencia de esta raza de héroes preclaros a las filas de los políticos, así que comenzaron a surgir militares revolucionarios. Perón fue uno de los primeros. Arbenz fue otro. Y luego Velasco Alvarado y Omar Torrijos. También los hubo en Bolivia y en Ecuador. En algún momento se les llamó nasseristas por sus similitudes con el dictador egipcio salido de las fuerzas armadas. El presupuesto teórico de estos revolucionarios de uniforme contenía varios razonamientos seductores: según ellos, en países desordenados y con instituciones débiles, sólo las fuerzas armadas tenían el peso y la disciplina para gobernar con la eficiencia, el patriotismo y el rigor intelectual que se necesitaban para definir cuáles eran los intereses del país que debían defenderse a capa y espada y cuáles los peligros que acechaban. Era la “doctrina de la seguridad nacional”.

Por si no bastara ese incesante bombardeo antidemocrático y antiliberal, permanente y desde todos los ángulos, el arte y la literatura entonces vigentes coincidían sobre la misma diana. El muralismo mexicano de Rivera, Orozco y Siqueiros, imitado en todos nuestro países, nos traía imágenes de un mundo de seres explotados por los poderes imperiales, saqueado por los capitalistas y esquilmado por la clase dirigente. La literatura indigenista o la de corte político reiteraba los mismos esquemas. Entonces vibraban novelas como Huasipungo del ecuatoriano Icaza, Señor presidente del guatemalteco Asturias o El mundo es ancho y ajeno del peruano Ciro Alegría. Los temas se repetían: los indios eran terriblemente maltratados por los finqueros criollos y extranjeros, Washington resultaba ser un depredador sin escrúpulos, los políticos no eran otra cosa que gentes abyectas y despreciables al servicio de la dominación extranjera. Meros lacayos.

Con esos elementos, construimos lo que pudiera llamarse una "cultura revolucionaria”, o tal vez populista, o mercantilista, o acaso todo junto: una cultura revolucionaria-populista-mercantilista. Se trataba de una forma abarcadora de juzgar los problemas, de (supuestamente) entender sus orígenes y de proponer soluciones. El rasgo más notable de esta cultura era que buscaba villanos y culpables a los que responsabilizaba del fracaso económico y político de nuestras sociedades. Había un elemento muy simplista en los juicios morales que se formulaban. Estaban basados en una especie de teología ideológica que preconizaba la idea de que tras la opresión y la miseria siempre estaba la actuación de algún malvado o de un grupo de canallas.

El descrédito de esa cultura

Fue en la década de los 80, en la llamada “década perdida”, cuando, poco a poco, se fue abriendo paso una lectura distinta de nuestros quebrantos. De la misma manera que las viejas ideas que conformaron la cultura revolucionaria-populistas-mercantilista nos llegaron del exterior, la nueva visión también fue un producto extranjero. A partir de esos años, ciertos núcleos de la intelligentsia latinoamericana comenzaron a comprender el papel de las instituciones en el desarrollo y la estabilidad de los pueblos, las razones psicológicas y sociales que explican la ineficacia y la torpeza del estado-gerente, los factores culturales que determinan o inclinan a las sociedades en la dirección del progreso o el estancamiento, y las dimensiones y proporciones que deberían tener la sociedad civil y el Estado para lograr armónicamente cotas crecientes de prosperidad.

Fue entonces cuando descubrimos la importancia de una nueva categoría sociológica y económica, el “capital social”, e incluso una variante ética igualmente vital para el desarrollo de los pueblos: el llamado “capital cívico”. ¿Cómo pretender dar el salto hacia el primer mundo si no contábamos con una masa crítica de ciudadanos bien formados en el terreno técnico y educativo, pero dotados, al mismo tiempo de las virtudes ciudadanas que se requieren para lograr el éxito colectivo: sentido de la responsabilidad, honestidad, apego a la verdad. Era muy fácil acusar de corrupción a los políticos y silenciar, al mismo tiempo, la corrupción de quienes evaden los impuestos, de quienes exigen privilegios y canonjías del Estado, o de quienes ascienden por sus vínculos políticos y no por sus méritos. Como regla general, se podía comprobar la correspondencia casi milimétrica entre el envidiable nivel de desarrollo de las sociedades en las que abundaba el capital humano y el capital cívico, frente al pobre desempeño de aquellas que exhibían un cuadro opuesto.

Simultáneamente, redescubrimos la importancia de poner en práctica políticas públicas dictadas por la ortodoxia económica. Lo sensato era contar con presupuestos equilibrados, cero déficit fiscal si ello fuera posible, una deuda pública manejable y una tasa baja de impuestos para estimular la formación de capital y las correspondientes inversiones. Los aranceles debían ser reducidos para obligar a nuestros productores a competir en precio y calidad.

Lo importante era satisfacer al agente principal de la ecuación económica: el consumidor. Había surgido una nueva manera de clasificar a los ciudadanos: el “consumidor soberano”. Una criatura que ejercía una especie de democracia comercial reclamando su derecho a decidir cómo deseaba gastar su dinero libremente sin que el Estado le impusiera ningún tipo de patriotismo industrial. Pero ese respeto por el consumidor indicaba la aparición de otra convicción muy clara: la experiencia demostraba que no había sustituto para el mercado. La asignación arbitraria de los precios o su congelación aparentemente justiciera generaba unas distorsiones terriblemente empobrecedoras para el conjunto de la economía. Los burócratas casi nunca eran más eficientes que el mercado.

También aprendimos que era absolutamente falsa la premisa de que nosotros, los latinoamericanos, habíamos sido condenados a la periferia en el orden económico. Ante nuestros ojos vimos cómo algunas naciones excéntricas y pobres les arrebataba a Estados Unidos y a Europa la hegemonía casi total sobre algunos renglones de la producción.

A mediados de la década de los 50, por ejemplo, todos los electrodomésticos eran norteamericanos. Treinta años más tarde eran coreanos, taiwaneses, o japoneses. Hubiera sido perfectamente posible que los fabricantes de esos productos hubieran sido mexicanos, venezolanos o brasileños. Sencillamente, la teoría de la dependencia era un disparate, como le tocó reconocer, cabizbajo, a Fernando Henrique Cardoso, uno de sus promotores más ardientes. Lo que ocurría era lo contrario: los países se enriquecían por medio de la colaboración, la imitación de los más exitosos, y los vínculos con los centros financieros y comerciales internacionales. Sin globalización no hubieran sido posibles los famosos milagros de los tigres asiáticos ni el notable enriquecimiento de una nación como España. Sin la globalización, las instituciones financieras internacionales no hubieran acudido en socorro de países agobiados por la falta de liquidez, como en el pasado les ocurrió a México, Brasil o Argentina.

El conocimiento limitado

Pero ocurre, desgraciadamente, que el acceso a este cúmulo de conocimientos y percepciones no es capaz de sacarnos del atolladero. Y es que estas nuevas certezas, aprendidas de la experiencia, sólo son compartidas por un pequeño núcleo de la población. La verdad es que la mayor parte de nuestros ciudadanos no suscribe esta visión del desarrollo y de la estabilidad política. Nuestras gentes continúan atrapadas en la vieja cultura revolucionaria-populista-mercantilista. Es lo que se sigue escuchando en las universidades y lo que se publica en los periódicos o se divulga por radio y televisión. Es lo que continúan repitiendo muchas congregaciones religiosas o las asambleas de sus dirigentes. Como los viejos paradigmas se habían montado sobre la base de la existencia de una perversa relación entre buenos y malos, entre abusadores y humillados, el fracaso del modelo revolucionario-populista-mercantilista no se le atribuye a sus defectos intrínsecos o al error intelectual del que partía, sino a la mala actuación de una raza degenerada de personas terriblemente malvadas. Pero frente a esas desdichas -continúa insistiendo el grueso de nuestras poblaciones-, algún día vendrá un genuino representante de los humildes en un carro de fuego dispuesto a salvar a las muchedumbres de sus odiosas servidumbres y carencias.

Todavía más: existe otro elemento que explica con mayor claridad la persistencia de los errores que nos mantienen en el atraso y la zozobra. Se trata de una fatalidad del proceso cognoscitivo. Muchas de las ideas y de las proposiciones acertadas que aporta el pensamiento liberal son contrarias a la intuición primaria. Cuando se le pregunta a una persona de escasa o media instrucción si los precios de las cosas o de los servicios deben ser fijados por el mercado o mediante las decisiones de burócratas sabios formados en buenas universidades, o incluso mediante revolucionarios inspirados por la buena fe, la respuesta probable es que corresponde a los burócratas y a los revolucionarios esa labor de determinar el valor de las cosas. En una cultura como la nuestra, donde se le concede un rango especial a las autoridades, es difícil persuadir a la sociedad de las virtudes y ventajas de un mercado ciego que nadie controla, salvo la oferta y la demanda. Cuando a ese hipotético ciudadano se les pregunta si cree que las decisiones favorables al pueblo van a ser tomadas mediante el laborioso procedimiento democrático o por la fulminante voluntad de un caudillo bienintencionado, una parte sustancial de nuestras gentes opinará que hay más probabilidades de recibir justicia y equidad de un hombre bueno instalado en la cúpula del poder que de una maquinaria política inevitablemente corrompida o de un complicado proceso parlamentario.

En efecto, en nuestras sociedades, pese a sus frutos nefastos, no ha muerto la cultura revolucionaria-populista-mercantilista. Está viva y coleando. Eso explica, por ejemplo, el fulminante ascenso al poder de una persona como el teniente coronel Hugo Chavez. En 1992, cuando intentó el golpe militar, los venezolanos no lo aplaudieron a rabiar por su conducta antidemocrática, sino porque se convirtió súbitamente en el representante de esa siempre traicionada cultura revolucionaria. De él se esperaba que hiciera lo que no habían hecho los presidentes durante las tres décadas largas que había durado la democracia. Y la verdad es que el señor Chávez probablemente pensaba que él era capaz de traerle la felicidad a los venezolanos mediante la ejecución de una profunda transformación económica y política. No era un mentiroso, sino un creyente, categoría que a veces complica mortalmente los problemas. Chávez se creía su propio cuento. Su discurso era el de los revolucionarios convencionales, pero “enriquecido” (y enrarecido) con varios factores aún más radicales tomados del extremismo islámico de Gadafi y del ejemplo de Fidel Castro.

Por eso fracasó. Porque sus ideas están equivocadas. Si uno realiza el mismo experimento debe esperar los mismos resultados. ¿Por qué no rec tifica? Porque no sabe que está equivocado. Una vez instalado el poder con el apoyo abrumador del pueblo, y una vez puestos en marcha los cambios revolucionarios, si el señor Chávez hubiera tenido sentido crítico, y si no estuviera cegado por el resplandor de sus espejismos ideológicos, tal vez hubiera podido darse cuenta de que estaba minuciosa y aplastantemente errado. Pero el señor Chávez, como suele ocurrir con las personalidades mesiánicas, es incapaz de rectificar el rumbo. A este tipo de personas narcisistas, convencidas de su genialidad, les resulta mucho más fácil explicar sus fracasos como consecuencia de la actividad siniestra de sus enemigos que por sus propias limitaciones. De alguna forma, ello confirma las claves sobre las que se sostiene su visión de la realidad. Para él la explicación de aciertos y desaciertos sigue siendo una dicotomía entre el bien y el mal, una lucha épica entre el ying y el yang, como creo que postulan los chinos.

Una sociedad desconcertada

Es obvio que la caída en picado de la popularidad del presidente Hugo Chávez se debe al desengaño de los venezolanos. La inmensa muchedumbre que lo llevó al poder, y durante los dos primeros años de su mandato lo aplaudió delirantemente, hoy se siente defraudada. Esperaba que el revolucionario le solucionara sus problemas, pero ha ocurrido a la inversa: el revolucionario, como era inevitable, los ha agravado. La gran diferencia, sin embargo, entre ésta revolución bolivariana y la cubana, la sandinista, o la libia, es que la existencia en Venezuela de una prensa libre y de una sociedad acostumbrada a expresar a viva voz sus ideales, ha impedido que el descontento y el rechazo popular haya sido silenciado en los calabozos o cercenado en los paredones. Sencillamente, el presidente Chavez trató de implantar una revolución, pero no pudo o no supo poner en práctica los métodos dictatoriales que se requieren para erigir esos sistemas contra natura. Por eso hoy se trasluce nítidamente la inmensa debilidad que padece su gobierno.

Pero el problema que se plantea en Venezuela es mucho más grave que la anécdota lamentable del paso por el poder del señor Chávez. Dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de tres años, muy probablemente será otro el inquilino radicado en Miraflores. Mas el conflicto que enfrentará ese sucesor seguirá tercamente vigente. El conjunto de la sociedad venezolana seguirá esperando que una persona excepcional, llena de buenas intenciones, le traiga la solución de sus problemas básicos. Millones de personas continuarán pensando que viven en un país muy rico permanentemente saqueado por venezolanos inescrupulosos. Millones de venezolanos, como cientos de millones de latinoamericanos, no saben y ni siquiera se imaginan las claves que explican el proceso de creación de riquezas.
He ahí la gravedad de la situación. Cuando un partido político trate de explicar que la riqueza se crea -entre otras razones- mediante el trabajo intenso y prolongado, el cumplimiento de la ley, el respeto por los contratos y por la propiedad privada o el buen funcionamiento de los tribunales, le virarán la espalda. Si un líder político moderno y bien informado se atreve a decir que es mucho más importante respetar el Derecho Civil que entonar La Marsellesa, seguramente no lo van a entender. En cambio, cuando un demagogo prometa el cielo y las estrellas, y cuando jure y perjure que la pobreza de los más necesitados es sólo la consecuencia de la codicia de los poderosos, y que no hay otro alivio a esa injusticia que cambiar de arriba abajo el registro de propiedad, recibirá de nuevo los aplausos de la multitud. Es bueno, aunque muy triste, recordar que al señor Chávez lo eligieron por sus planteamientos y promesas, y hoy lo repudian por sus resultados, sin darse cuenta de la íntima relación que vinculaba la causa y sus inevitables efectos.

El fin de la tragedia

El dilema es evidente. Nuestros problemas no comenzarán a solucionarse hasta que no cambiemos de una punta a la otra esos rasgos de nuestra cultura política que impiden el desarrollo de nuestros pueblos y condenan a la miseria a una parte sustancial de nuestra población. No habrá solución de largo plazo hasta tanto el conjunto la sociedad no haya desterrado los errores, sofismas, y falsas percepciones con los que construimos nuestro fallido presente. Eso requiere un extraordinario esfuerzo educativo en todos los ámbitos de la sociedad. Hay que persuadir a los comunicadores sociales, a los maestros, a los sindicalistas, a las elites dirigentes de los partidos políticos. Hay que llevar la información correcta a los sínodos de obispos, a las órdenes religiosas, a prácticamente todo aquel que posea la posibilidad de comunicar un mensaje.

Afortunadamente, podemos sacar el debate de un marco exclusivamente teórico y colocar ante los ojos de nuestros interlocutores dos ejemplos muy esperanzadores: el de España y el de Chile. Los venezolanos no ignoran que a mediados del siglo XX, y hasta bien entrada la década de los 70, Venezuela era un destino deseado por millones de gallegos, asturianos y canarios que querían buscar en el Nuevo Mundo una forma de vida más decorosa que la que entonces podía proporcionarles España. Pero luego se invirtieron los papeles: hoy son decenas de miles, o tal vez millones, los venezolanos que quisieran marchar a España porque no tienen esperanzas en la redención a corto plazo del país. ¿Por qué se ha producido este cambio de roles? Precisamente, porque en España se fue oscureciendo la visión tercermundista hasta prácticamente desaparecer. Sólo los nostálgicos del estalinismo son hoy capaces de reivindicar los viejos esquemas de la cultura revolucionaria-populista-mercantilista. Prácticamente en todo el arco democrático del país, desde la moderada izquierda socialista hasta la moderada derecha del señor Aznar, existe el consenso básico sobre cómo se gobierna en una democracia moderna y próspera.

El caso de Chile es semejante. Con sus $12,400 de per cápita ya Chile alberga a la sociedad más rica de América Latina. Una sociedad que en menos de una década ha reducido los niveles de pobreza del 44 por ciento al 20. Una sociedad en la que gobierne la derecha, la democracia cristiana, o la socialdemocracia, todos están de acuerdo en la importancia fundamental de gozar de un Estado prudente que maneje los asuntos macroeconómicos dentro de la ortodoxia y una sociedad civil que realice sus transacciones dentro de las reglas del mercado y a la sombra del Estado de Derecho . En Chile el déficit fiscal es prácticamente inexistente y la inflación se sitúa por debajo del 3 por ciento. El estado empresario ha dejado de existir, con la excepción de la producción de cobre, y han surgido más de dos mil empresas exportadoras en el ámbito privado. La deuda y el gasto público se manejan con mucho cuidado y los casos de corrupción son verdaderas excepciones. Exactamente igual que cuanto sucede en España, la sociedad chilena ha alcanzado un consenso general sobre el modelo de Estado semejante al que se tiene en los países del Primer Mundo. Ya nadie que se mueva en la esfera política con una mínima solvencia puede decir disparates impunemente. No hay payasos. Lo castigarían en las urnas, porque la sociedad chilena, como sucede en los países desarrollados, hoy valora la buena gerencia y la sensatez en el ejercio de las funciones públicas y no la pirotecnia verbal o los gestos de feria. Sólo quedan fuera del consenso algunos, ya muy pocos, pinochetistas irredentos, y los inefables comunistas, pero éstos apenas alcanzan al 4% de electores,y prácticamente nadie, o casi nadie, les hace el menor caso.

Naturalmente, cuando se esgrimen estos dos ejemplos inevitablemente surge una inquietante pregunta: ¿acaso en necesaria la implantación de una feroz dictadura para conseguir eliminar las creencias e informaciones equivocadas de nuestros pueblos?¿Será verdad también, en esta circunstancia, que la letra sólo entra con sangre, como aseguraba el viejo dictum pedagógico? No lo creo. Uno de los casos más interesantes de desarrollo en el mundo contemporáneo es el de Irlanda. País católico, como los nuestros, de cuyos pobladores se decían los peores epítetos: borrachos, irresponsables, torpes, vagos y otras lindezas. Se les suponía, como a nuestra gente, aptos para el arte y la poesía, pero negados para la ciencia y la técnica. Y, también como nosotros, traían en su memoria política una severa carga de violencia y frustración. Pues bien, Irlanda, en el ejercicio de su democracia, sin violencias ni imposiciones, pero recurriendo a las libertades económicas y políticas del Estado liberal, en la última generación se ha trasformado en el “tigre europeo” más agresivo, con unas tasas de crecimiento anual en torno al 8 por ciento, dejando atrás a España en todos los indicadores económicos y sociales.

Hace varias décadas, los dirigentes de la clase política venezolana, tras la caída de Pérez Jiménez, fatigados por una larga historia de fracaso de las instituciones democráticas, fueron capaces de forjar un consenso político para superar esa vieja maldición de autoritarismo y caudillaje. Hoy ese acuerdo, el famoso “Punto Fijo”, es execrado por millones de venezolanos, pero para un observador imparcial, como es mi caso, parece obvio que en la historia republicana del país no hay otras cuatro décadas mejores que las que ése acuerdo posibilitó. ¿Por qué se agotó? Porque, como decía al principio de estos papeles, el pacto, sin que entonces nadie lo advirtiera, se sustentaba sobre presunciones socioeconómicas erróneas, las propias de la época, que minaron seriamente las relaciones entre la sociedad y el Estado y acabaron por desacreditar a la clase política que lo había desovado.

El postchavismo llegará probablemente a corto o medio plazo. Ése será el momento -o quizás ya llegó- para que la ancha clase política democrática, hoy en la oposición, forje otro pacto que eche las bases de la Venezuela próspera, moderna, justa y desarrollada, que puede lograrse si se establece el consenso entre la clase dirigente y se lanza una campaña seria y abarcadora de formación e información que sustituya para siempre la cosmovisión preconizada por la cultura revolucionaria-populista-tercermundista. Por lo pronto, me pareció un buen auspicio de esa Venezuela posible la reunión reciente de los sindicalistas y los empresarios bajo la atenta mirada del respetado Padre Ugalde y el aplauso de numerosos políticos. La Venezuela que debe salir de este amargo episodio no puede ni debe volver al reñidero y el desconcierto de antaño. El genio político de los venezolanos y sus mejores virtudes sociales tienen que demostrarse en saber recorrer sin violencia las veredas que conducen al Primer Mundo. Es hora ya de comenzar a pensar en ese viaje largo y glorioso.


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