El canciller Dávila le atribuye a la
diplomacia venezolana el que la reciente Asamblea General de la OEA
efectuada en Costa Rica, haya decidido posponer para el próximo septiembre
la aprobación de la Carta Democrática Interamericana.
En un tono nada diplomático, el Ministro
aseguró que el aplazamiento constituyó "una gran victoria" para
el gobierno del presidente Chávez, y una "aplastante derrota"
para aquellos países que califica de "escuálidos" (refiriéndose
a Estados Unidos, Canadá, Perú, Argentina, Colombia, México, Paraguay y a
varios países centroamericanos) los cuales, en su opinión, "pretenden
oponerse a la revolución venezolana".
Convencido también está el Canciller de
que las objeciones que al texto de la cláusula plantearon los países
caribeños y otros como Chile, Uruguay y Belice, así como los reparos
hechos por las 200 ONG presentes en la reunión, constituyeron "un gran
apoyo a la posición venezolana". Pero la realidad de lo que pasó en
la OEA fue otra.
El que se haya diferido la firma del
documento que pretende reforzar los instrumentos de la OEA para la defensa
activa de la democracia representativa, no fue producto de las divergencias
planteadas por Venezuela en torno al concepto de Democracia Participativa,
ya que días antes, durante la reunión informal del Consejo Permanente, la
delegación venezolana había logrado que el principio de participación se
incluyera en el proyecto de Carta que se presentaría en Costa Rica. Allí
la actitud moderada de Jorge Valero, nuestro representante ante la
organización, quien no presentó como opuestos sino como complementarios
los conceptos de democracia participativa y representativa, fue clave para
que finalmente fuera incluida la propuesta venezolana.
Más bien fueron otras las razones que
influyeron en la decisión unánime de los Cancilleres de aprobar la Cláusula
Democrática en una próxima Reunión Extraordinaria.
Entre ellas, la falta de compatibilidad
existente entre el texto del documento, los tratados suscritos anteriormente
(en especial el Protocolo de Washington) y el propio articulado de la Carta
fundacional de la organización; así como las preocupaciones en torno a que
un país sancionado pudiese ver afectado su ingreso al Alca o sus
compromisos comerciales.
Pero ninguna de estas observaciones fueron
abanderadas o señaladas exclusivamente por el Gobierno venezolano, como lo
quiere hacer ver nuestro Canciller.
De manera que resulta exagerado exhibir
como gran victoria diplomática este aplazamiento que no es la primera vez
que sucede, por cierto, en la historia de la OEA.
Por lo general las iniciativas políticas
trascendentes para el sistema interamericano -y sin duda ésta es una de
ellas- son objeto de continuas y largas negociaciones hasta que se logra el
consenso de todos los miembros.