Fue
en San José. El presidente chileno Ricardo
Lagos recibió un papel de manos de uno de sus edecanes y se le oscureció
el semblante. En ese momento dirigía una mesa de jefes de gobierno y
cancilleres de América Latina. Era 11 de abril de este año
y se habían reunido en Costa Rica para examinar los asuntos más urgentes.
Entre los
jefes de estado, por cortesía del presidente Miguel Angel Rodríguez,
anfitrión de esta ''cumbre'', deambulaban unos cuantos ''invitados
especiales''. Yo era uno de ellos y no demoré en saber lo que estaba
ocurriendo: llegaban noticias de una marcha monstruosa de la oposición,
insubordinación militar y la renuncia de Chávez. Unos cuantos de sus
ministros y colaboradores más cercanos estaban solicitando asilo político
a los embajadores latinoamericanos radicados en Caracas.
La reacción
privada de los presidentes con los que pude conversar fue de júbilo
contenido. Nadie podía dar muestras de alegría públicamente, pero todos
parecían muy satisfechos de lo acontecido. Chávez era un pintoresco
charlatán, hijo extemporáneo de un cruce entre Gadhaffi y Fidel Castro,
concebido in vitro por el fascista argentino Enrique Ceresole, su mentor
ideológico, empeñado en hacer una imposible revolución ''bolivariana''
que nadie sabía exactamente en qué consistía, salvo que se trataba de una
cosa desordenada y empobrecedora. En todo caso, no eran sus polvorientas
ideas lo que lo hacía particularmente desagradable ante sus colegas, sino
los disparates y excentricidades con que solía entorpecer las reuniones
internacionales.
Pero había
un problema: no obstante la secreta alegría que generaba la salida de Chávez,
las circunstancias en que ésta se producía resultaban muy incómodas. Por
primera vez desde la independencia, con la excepción de Cuba, todos los
gobiernos del continente eran el producto de elecciones libres y plurales, y
se había logrado una especie de consenso general de apoyo a la democracia y
rechazo a los golpes militares o a solucionar por la fuerza las crisis que
surgieran, por muy agudas que fueran.
Chávez podía
ser tan molesto como bailar con una piña debajo del brazo, pero cancelar su
mandato por la fuerza no podía justificarse en los tiempos actuales. En
consecuencia, los presidentes reunidos en San José emitieron una declaración
de condena a la forma en que Chávez salía del poder. Había una cierta
ambigüedad en el texto, pero el efímero gobierno postchavista lo interpretó
como una forma de severo rechazo internacional.
Fue una lástima
que los presidentes latinoamericanos no hubieran conocido entonces la
reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: en el país
no hubo un golpe militar, sino un vacío de poder ante la renuncia del
presidente Chávez motivada por la negativa de los militares a cumplir sus
órdenes de poner en marcha el Plan Avila. De no haberse insubordinado, en
lugar de los 19 muertos y casi cien heridos baleados por los seguidores de
Chávez, las víctimas desarmadas e indefensas se habrían contado por
millares. Los soldados, sencillamente, no estaban dispuestos a cometer un
genocidio de esa naturaleza contra una manifestación pacífica de
ciudadanos. Sus jefes conocían la doctrina jurídica que indica que los
hombres y mujeres de uniforme no pueden seguir órdenes contrarias a los
derechos fundamentales de las personas, ni les es dable invocar el principio
de ''obediencia debida'' para tratar de explicar los crímenes de guerra.
Esto ya quedó claro en Nuremberg y se ha reiterado recientemente en el
conflicto de la ex Yugoslavia.
Tras la sentencia del TSJ
venezolano, Chávez ha decidido hacerle la guerra al poder judicial y
amenaza con una serie de medidas que van desde volver a cambiar la
constitución hasta tratar de echar a los magistrados que votaron en contra
suya. Sólo que ya es un presidente muy débil y desacreditado para poder
ganar esta batalla. Con un 21 por ciento de desempleados, el setenta por
ciento de la población en contra, y una economía en picado como
consecuencia de la incertidumbre, la falta de confianza y la corrupción
imperante, lo probable es que a corto o medio plazo vuelva a colocar a su
gobierno ante una crisis definitiva.
¿Cómo va
a ser ese encontronazo final?
El
jurista y escritor Américo Martín, uno de los líderes más
respetados de la oposición --ex comandante de la guerrilla en los años
sesenta--, lo vaticinó persuasivamente a su paso por Estados Unidos
en una reunión de alto nivel celebrada en Washington: Chávez saldrá
del poder como resultado de sus violaciones de la ley. Es el
responsable indirecto de las diecinueve muertes ocurridas el 11 de
abril y de graves obstrucciones de la justicia encaminadas a impedir
las investigaciones correspondientes.
Su gobierno
ha perpetrado las mayores malversaciones de la historia venezolana: miles de
millones de dólares han ido a parar a bolsillos privados o a fines no
previstos por la ley. Ha manejado los recursos de la república como si
fueran propios y ha intentado burlarse de todas las instituciones de la nación.
Al cabo, el poder judicial y el legislativo --donde ya ha perdido la mayoría--
se concertarán para sacarlo de la casona de Miraflores, probablemente
esposado. Cuando eso ocurra, todos los presidentes de América Latina
respirarán aliviados.
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