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La tesis "bolivariana" sobre derechos humanos
por  Asdrúbal Aguiar
Las razones esgrimidas por el Gobierno para otorgarle su decidido apoyo a China y Cuba, en las votaciones que se realizaron en la ONU para llamar al orden a dichos países por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos, me han dejado más que perplejo. No aludo, por cierto, al carácter soberano de tal decisión y que como tal no puedo tachar, al margen de que haya sido o no conveniente ética y políticamente. Intento subrayar, eso sí, la grave justificación esgrimida por los conductores de nuestra política exterior, pues violenta los principios en que se ha fundado el régimen de protección internacional de derechos humanos; principios acogidos, por lo demás, en la misma Constitución Bolivariana.
 
Dijo el Gobierno, según las comillas de la prensa escrita, que ningún Estado tiene autoridad para juzgar a otro en tan delicada materia. Y, agregó, por si no fuera poco, que habiéndose "politizado" el tema de los derechos humanos carecía de la importancia que tuvo en el pasado.
 
Ahora bien, si cierto es que un Estado no puede, de manera unilateral, sancionar a otro Estado bajo ninguna circunstancia, el dicho gubernamental olvidó, a propósito de China y de Cuba, que quien habría o no de emitir el veredicto era la Organización de las Naciones Unidas. Nada que agregar, por cierto, acerca de la importancia que tienen o no para el Presidente los derechos humanos; pues, si acaso, como lo dijo él, se han politizado y han perdido la importancia que otrora tuvieron, cómo explicaría, entonces, que esos "derechos inalienables" hayan sido el tema "gancho" de su mentada "revolución" constitucional.
Sorprende comparar, en efecto, sus expresiones con el texto de la Constitución de 1999. Esta aboga, de manera firme, por una garantía universal de los derechos humanos, y asume como parte del orden constitucional interno a toda la "pléyade" de tratados internacionales vigentes al respecto. Y, por si fuese poco otra vez, afirma el derecho de "toda" persona de reclamar ante los organismos internacionales -léase la ONU o la OEA- por las violaciones de derechos humanos que tengan lugar en el país.
 

Dicho en otras palabras, la "Bolivariana" acepta que la ONU pueda sancionar a Venezuela en la hipótesis de que su Gobierno no respete o no garantice los derechos fundamentales del hombre- varón o mujer-; pero, el Gobierno Bolivariano, en otra banda, asume como un abuso atentatorio contra la "soberanía" que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tome cartas y debata sobre los casos de China y de Cuba: en modo de concluir si se ajustan o no sus realidades a los "estándares mínimos" de conducta reclamados por la civilización y por el carácter supra-soberano de la dignidad humana.
Un mal presagio acompaña, entonces, a estas dramáticas y nada "coloquiales" declaraciones del Presidente y de su Canciller, cuyo efecto trasciende a lo anecdótico y hiere profundamente a la cultura supranacional que dio vida, sobre los enjutos cadáveres y víctimas de los campos de concentración nazis, a la Declaración Universal de 1948 y a los Pactos Internacionales de 1966.   
 
(*) Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
 
mayo, 2001
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